Román (PSOE) denuncia ocultación de datos sobre la ponencia de valores

Asegura que el gobierno no ha anunciado su aprobación para evitar las alegaciones

PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, calificó ayer de «barbaridad antidemocrática» la forma de proceder del equipo de gobierno en relación al proceso de aprobación de la nueva ponencia de valores del IBI y la revisión parcial que se está llevando a cabo por parte del Catastro.

En este sentido, el concejal socialista explicó que «hemos tenido constancia hoy (por ayer) de que el pasado 29 de agosto se público en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el expediente de aprobación de la ponencia de valores de Chiclana tras la revisión parcial de la que ha sido objeto, estableciéndose ese día un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones». Ante esto, Román califica de «falta de transparencia, oscurantismo y una vergüenza que el equipo de gobierno no haya hecho público este trámite y el anuncio del plazo de alegaciones, en un tema tan importante y con tanta trascendencia para la ciudad como es esta revisión parcial de la ponencia de valores, y que tanta controversia y debate está generando entre grupos políticos, colectivos y propietarios en general».

De esta forma, desde el PSOE se argumenta que dicho expediente de aprobación de la nueva ponencia está firmada por Alcaldía, concretamente por Nicolás Aragón al no encontrarse ese día el alcalde, el día 11 de agosto, el mismo día que la firma el gerente del catastro, un documento que fue presentado en el Ayuntamiento por Registro de entrada el día 1 de agosto». Por ello, José María Román muestra su disconformidad defendiendo que «es incomprensible que en un tema tan importante como éste, el equipo de gobierno tenga constancia de la nueva ponencia de valores desde hace más de un mes y no haya sido capaz de informar a la oposición ni a los vecinos, ni del documento ni de la posibilidad de presentar alegaciones al mismo, a pesar de tratarse de una actuación sin precedente en la ciudad y que tendrá importantes consecuencias para muchos ciudadanos».

En este sentido, la concejala Cándida Verdier recordó que «el día 5 de agosto tuvimos una Junta de Portavoces sobre este tema y no se nos informó de que el documento ya estaba en el Consistorio y que se iba a aprobar, algo ilógico cuando se nos convoca precisamente para ello».

«Alguien se tendría que marchar después de esta forma de proceder en este asunto -continuó manifestando Román, al tiempo que afirmó que- el equipo de gobierno tiene en todo esto una responsabilidad y se está riendo de ciudadanos y empresarios, que se están jugando mucho con este tema».

Según Román, «la única explicación que encontramos a esta falta de información y oscurantismo es evitar que la gente se entere para que no se presenten alegaciones, ya que, independientemente del procedimiento legal que se establece para este tipo de trámites, el gobierno debería haber dado cuenta de esta situación y ofrecer participación, pedir opinión y, por supuesto, informar del plazo de alegaciones».

Prensa – El Diario de Cádiz

Un pensamiento en “Prensa – El Diario de Cádiz

  • 8 septiembre, 2014 a las 15:25
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    This whole IBI issue is a disgrace and Chiclana council should be ashamed of its actions in denying Chiclana residents their full legal property rights, as directed by the Supreme Court ruling. Notwithstanding such a ruling, the council had previously agreed, at a formal council meeting on 28 Jan 14, to recommend a revaluation of ALL properties in order to establish a realistic Valor Catastral. However, it has reneged on that decision and has now agreed to only conduct a partial revision of property values. This council also continues to ignore the fact that most properties in the campo are being overcharged for IBI in that they are being declared as Urbano and not Rustico. It is disappointing to observe that this is a public body which clearly believes it does not have to answer to its own residents or, indeed, to any court. People must become engaged and argue for their legitimate rights – not just sit back and rely on others to do it for them.

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